Ofensa institucional

Disculpará el lector que el día de hoy usemos este espacio para exponer un asunto aparentemente del gremio periodístico, pero que en realidad afecta a los ciudadanos todos.

Como hace seis años, se negó a los periodistas el acceso al recinto en el que los ocho candidatos a gobernador sostuvieron este lunes más una exposición de ideas y una confrontación, que un debate de propuestas y de ideas.

Aquí sí, un ataque directo y claro en contra de la libertad de expresión y el derecho a la información, que es de todos los mexicanos pero que en lo que a opiniones y noticias se refiere radica en buena medida en torno a los medios de comunicación y a sus representantes.

Para el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, no hay necesidad de que los periodistas estén en el lugar de los hechos.

Una falta de respeto, una irresponsabilidad, un enorme cinismo y quizás la complicidad de actos indebidos en el propósito de que no se conozca bien lo que sucede en un evento como ése.

Agreguemos esto a lo que ya hemos comentado en Altoparlante: omisiones evidentes nos dicen que el árbitro electoral es incompetente o simplemente un vendido.

Se han reconocido públicamente violaciones a la ley, pero nada se ha hecho contra las ilegalidades aceptadas.

Resulta muy difícil pensar que la presidenta del IEES, Karla Gabriela Peraza Zazueta y los demás consejeros electorales crean que no permitir que los periodistas estén en el recinto de los debates resulte de verdad lo más conveniente.

Es obligación de esos funcionarios promover intensamente la participación ciudadana, y la prensa cumple en eso un factor importantísimo.

Pregunto a la abogada Peraza Zazueta: no se quiere que los periodistas presencien en vivo los debates…¿por valemadrismo, por irresponsabilidad o por complicidad con algún grupo de poder?

Cualquiera que sea su respuesta, desde ahora le digo que personalmente me resulta complicado puedo creer en cualquier alegato de inocencia; arisco que es uno, por experiencia.

Porque en el mejor de los casos, el de la incompetencia, existe ya una culpabilidad insalvable.

Muy buenos salarios cobran, con cargo al pueblo, para que hagan las cosas al ahí se va.

Si no quieren, no pueden o simplemente les vale, mejor renuncien.

Ya me dijeron que se sienten ofendidos porque en esta columna he tachado de bandidos a los que dirigen el instituto electoral, pero mucho mayor es la ofensa de pagar por la fuerza sueldos jugosos a funcionarios que simulan que nos representan y nos defienden, pero que en realidad actúan en contra del pueblo porque están al servicio de los poderosos.

A mis amigos y colegas, los invito a que sumemos nuestras voces en contra de un instituto electoral represor de nuestras libertades.

Que desde los espacios a nuestra disposición, les digamos a los consejeros que nos agreden y nos ofenden al impedirnos cumplir de la menor manera con nuestra responsabilidad de informar y de formar opinión.

Que les exijamos respeto irrestricto a la libertad de expresión y al derecho a la información que es de todos los mexicanos.

Somos parte del pueblo, y en esa condición somos los que les pagamos a esos funcionarios sus inmerecidos cheques quincenales.

Y mejor le paro, porque ya me estoy encabronando.