Microscopio Social
La procuración de justicia, una asignatura pendiente
La idea de que la procuración de justicia en Sinaloa es una asignatura que históricamente ha estado pendiente adquiere mayor validez con las cifras de violencia que se han registrado durante los últimos años en el estado. De acuerdo con cifras oficiales y de organismos ciudadanos, el nivel de impunidad de los delitos oscila entre el 85 y el 90%.
Debido a la impunidad, la acción de la delincuencia ha ido en ascenso, así como por la falta de empleo, la ausencia de una educación con valores y la limitada promoción de la cultura.
Uno de los delitos con mayor incidencia en los últimos años ha sido el de los homicidios dolosos: en el sexenio 1999-2004 se reconocieron 2534, en el 2005-2010 se reportaron 6609 y en lo que va de la actual administración se han cometido 7530. Esto significa que cerraremos 2016, de acuerdo con la media mensual de la última cifra, con alrededor de 8000 homicidios de esta naturaleza.
Una de las consecuencias de la violencia provocada por la delincuencia es el hecho de que las familias tienen que abandonar sus hogares, como ocurre sobre todo en comunidades ubicadas en la sierra. Algunas denuncias públicas refieren que en los últimos cinco años hay alrededor de 5000 desplazados; es decir, son familias enteras que carecen de un hogar digno, de una alimentación adecuada, y ya no se diga de una educación de calidad y de un empleo seguro.
Otro agravio social en Sinaloa es el asesinato de mujeres. Los feminicidios también se han incrementado en los últimos años; de 2005 a 2010 fueron 372, mientras que de 2011 a la fecha ya suman 441. Las razones de esta deformación social serían la violencia familiar, el armamentismo, la acción del narcotráfico, sin dejar de lado el hecho de que la mujer es vista como un objeto.
Todas estas cifras ubican a Sinaloa como uno de los estados más violentos y caracterizado por el derramamiento de sangre que enluta a miles de familias; esta condición irremediablemente frena las inversiones productivas y con ello el desarrollo, ya que la observan como entidad sin Estado de derecho.
El Estado de derecho, en los países modernos y eficaces, es la principal condición para que una sociedad democrática aspire a tener un desarrollo integral; no contar con esta categoría es soñar e imaginar que las inversiones llegarán a Sinaloa. Por tal razón, estamos obligados a reducir los índices de criminalidad y de violencia; no hacerlo es nadar contra la corriente.
En este contexto, la paz social en Sinaloa es un clamor generalizado. Los crímenes de alto impacto son los que más impresionan, pero no menos lesivos son los delitos que a diario se cometen en la calle, en la colonia, en el trabajo, en las comunidades; violaciones a los derechos más elementales del ciudadano que quedan en la impunidad y que empañan la convivencia social.
Una obligación ineludible del gobierno es la procuración de justicia y su impartición ágil, expedita y con una base ética, por lo que es importante contar con autoridades educadas y capacitadas para tal ejercicio.
En este sentido, es necesario promover que el procurador de justicia sea una autoridad que asuma más compromisos con la sociedad que con el gobierno en turno. Por consiguiente, considero adecuado que el Congreso del Estado sea el que nombre a esta autoridad bajo un estricto protocolo que garantice una verdadera transparencia en este proceso.
En este delicado ámbito de la procuración de justicia y la garantía de la paz y la seguridad social, el gobierno tiene que retomar las aspiraciones del pueblo, es decir, el derecho de vivir en paz, sin miedo. Por tanto, es necesario trabajar hasta recuperar el Estado de derecho, y ello solo será posible mediante la aplicación de la ley sin reservas y combatir el crimen y la delincuencia organizada
Además, es importante implementar una serie de alternativas como la creación de tribunales ciudadanos que, con asesoría de profesionales del derecho, evalúen el desempeño de las autoridades encargadas de la justicia y la persecución de delitos, pero también promuevan políticas públicas para perfeccionar el marco legal y el funcionamiento de las instituciones con el fin de establecer un sistema de justicia moderno, eficiente y transparente, y que otorgue certeza y seguridad jurídica plena.
Otra acción sería abatir la corrupción, ya que esta ha contribuido al clima de inseguridad que vivimos. Por ello, es urgente revisar el funcionamiento actual de la Auditoría Superior del Estado (ASE), la cual no se ha comportado a la altura de lo que desean los sinaloenses, así como promover una iniciativa de ley que le otorgue autonomía constitucional.
En la actualidad, el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral ha adquirido mucha relevancia y se ha legislado bastante al respecto; sin embargo, debemos considerar que el personal involucrado en este nuevo sistema requiere contar con una preparación adecuada. Solamente esta condición garantizará un resultado apropiado; de lo contrario, será una política más destinada al fracaso.
Estas y otras acciones deberemos de atender los ciudadanos para convertirlas en normas, leyes y acciones que verdaderamente coadyuven a terminar con el pendiente histórico de una real procuración de justicia.
Gracias