Mujeres obstaculizan justicia a mujeres
Con más de un año casi suplicando por que se le resuelva su demanda de pensión alimenticia para sus hijos, Imelda Herrera se dice cansada y decepcionada de la impartición de justicia en Sinaloa. Para ella no ha servido para nada la Procuraduría General de Justicia del Estado, y menos el Consejo para la Prevención y Atención de las Mujeres ni el Instituto Sinaloense de las Mujeres.
“Ya viene el 8 de marzo y entonces quienes están en estos institutos van a salir a decir que hay muchos avances, que la mujer ya tiene poder, que ya está más protegida y seguramente se tomarán una foto, pero luego se regresaran a sus oficinas a seguir haciendo nada”, dice catastrófica.
Ella es entrevistada en la Subprocuraduría de Justicia ubicada cerca de la Central Camionera. Mientras espera que la atiendan, cuenta que es madre de tres hijos. Uno, el más grande, de 15 años, ya va a tercero de secundaria; el mediano, va a primero de secundaria, y el menor, de 11 años, está en sexto grado de primaria. Desde hace más de una década no recibe apoyo del padre de sus hijos.
Hace ya 10 años que se separaron y en todo este tiempo ha trabajado en lo que ha podido, desde haciendo el aseo en una granja porcìna hasta de cocinera en el instituto de capacitación de la policía federal, sin tomar en cuenta que ha hecho tamales de elote y puerco para vender y hacerse de unos centavos más.
Esporádicamente, dice, ha recibido algunos apoyos de su ex. Sobre todo desde que decidió exigirle la pensión alimenticia.
Sin embargo se echa la culpa de que ese apoyo haya sido esporádico, pues cuando acudió a una audiencia, él rometió entregarle cierta cantidad de dinero y ella aceptó.
Aunque ahora atiende una pequeña carreta de tacos y trabaja de sol a sol, dice que lo que gana no le alcanza para sacar adelante a sus hijos.
LA BUSQUEDA DE UNA SOLUCIÓN O EL RECORRIDO DE UN CALVARIO
Hace dos años sintió que no podía y decidió que no era justo que sólo ella se hiciera cargo de sus tres hijos y el padre no. En octubre del 2015 empezó a sondear qué debía hacer para interponer una demanda de pensión y en diciembre de ese año por fin pudo dar ese paso.
El problema es que desde que puso la demanda por pensión alimenticia, a la única que han hecho dar vueltas es a ella. Le pidieron que llevara a declarar a sus tres hijos por separado y en diferente fecha. “Como si no tuviera yo que trabajar. Parece que eso no les importa a los de la Procuraduría”.
También lamenta que el aparato de justicia trabaje más a favor de los hombres que de las mujeres, pues José Abel, su exesposo, al saber que había sido demandado, la contrademandó alegando que era ella la que no le quería aceptar el dinero que él religiosamente le daba cada semana. Entonces a ella sí la citaron y le dijeron que él sí le depositaría 400 pesos cada semana para dar de comer, vestir, calzar y enviar a sus tres hijos a la escuela.
La cuestión es que sólo le depositó una vez y desde entonces ya no ha visto más depósitos.
Entonces ha insistido ante la Procuraduría General de Justicia para que actúe. Pero no ha logrado nada.
En la subprocuraduría de esta capital, le dicen que no hay novedad, que le han enviado citatorios y que nunca encuentra a su ex.
En su desespero, Imelda acompañó en una ocasión al personal que lleva citatorios y los llevó hasta donde estaba viviendo José Abel e incluso vieron cuando se metió a su casa, pero cuando le tocaron la puerta nunca abrió. Los notificadores se regresaron y reportaron que no encontraron a quien buscaban.
A partir de ahí el argumento es que el proceso de pensión alimenticia no puede avanzar porque el susodicho no ha declarado.
MUJERES VS MUJERES
El caso lo lleva la Agencia del Ministerio Público Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas del Sistema Tradicional en Culiacán, la cual tiene el expediente CLN/EDSVF/1318/2015/AP.
Hace dos meses Imelda acudió nuevamente a esta agencia y le repitieron que todo seguía igual, pero le recomendaron que viera al subprocurador regional de la zona centro, Julio César Romanillo Montoya, quien obviamente ni siquiera la recibió. Seguramente porque tiene un mundo de trabajo, o simplemente porque Imelda no se apellida Ordaz, ni Coppel, ni tampoco Higuera Gómez.
Lo que hizo Romanillo fue mandarla con una subalterna, de nombre Nora Cecilia, quien le dijo que revisaría su caso,
Hace un mes volvió a ir con Nora Cecilia y esta le dijo que no había novedad, y le recomendó que hablara por teléfono en lugar de que fuera personalmente.
La semana pasada volvió a ir acompañada del reportero de este periódico. La respuesta que dio Nora Cecilia fue la misma, que no había novedad. Pero sintió invadida su área y le preguntó al reportero que si era abogado. Lo vio con maletín (que es de la computadora portátil) y quiso salir de dudas. El reportero simplemente le respondió que no era abogado.
Luego le dio una increíble y desalentadora respuesta a Imelda. El caso no se podía mover porque la Procuraduría General de Justicia del Estado no tenía procurador, sólo un encargado de despacho, quien es Marco Antonio Higuera Gómez, quien todo el año pasado igual que cinco anteriores fue procurador.
Mientras no nombren al nuevo Fiscal, le dijo, no podemos hacer nada.
Imelda sintió que le hervía la sangre y le reclamó que en más de un año no se haya hecho nada, que sólo la estén haciendo dar vueltas y vueltas y más vueltas y el caso simplemente no avanza nada.
Nora entonces asumió una postura amigable. Le entregó una copia de una solicitud de localización y presentación emitida desde hace tres meses (el 05 de diciembre del 2016) y enviada al director de la Policía Ministerial de Sinaloa.
Le recomendó que fuera a la Policía Ministerial y que preguntara a quién le tenía que entregar el documento.
El oficio, número CLN/EDSVF/66/2016, está firmado por otra mujer: Teresita del Rosario Hernández Rubio, quien de manera reiterada le había venido diciendo a Imelda que no se puede avanzar hasta en tanto no haya una declaración de José Abel Escobar Hernández, el exesposo.
¿UNA CRÓNICA ANUNCIADA?
Ya con el oficio en la mano, Imelda salió de la Subprocuraduría de la Zona Centro y se trasladó a las instalaciones de la Policía Ministerial. Ahí le entregó el documento a la jefa del Departamento de Actas, quien le preguntó la razón por la cual ella tenía ese oficio.
Finalmente le dijeron que el viernes 03 de marzo tendría alguna respuesta.
Al preguntarle este fin de semana si había tenido una respuesta, comentó que sí, que le informaron que han buscado a José Abel tanto en su casa como en su trabajo, pero que no lo han encontrado, que sólo es cuestión de tiempo.
La cuestión es, dice Imelda, que ya van 15 meses esperando que llegue la justicia pero sigue sin llegar, a pesar de que es un caso sencillo, donde se tiene plenamente identificada a la persona que se busca.
Aunque Imelda es una mujer que se ve valiente. Reconoce que tiene temor. Ya una vez José Abel le preguntó enfrente de uno de sus hijos si no apreciaba la vida.
Recuerda que le reclamó por esa amenaza velada y ya no le respondió.
Lo cierto es que tanto el Cepavi como la Procuraduría tienen documentado que muchas de las agresiones que sufren las mujeres vienen de sus exparejas, luego de las agresiones económicas, como es el caso, y de las agresiones verbales, como también es el caso.
A pesar de ello, las autoridades no actúan. Este trabajo periodístico pareciera la cónica de una agresión física anunciada que pudo haber sido evitada y no se evitó por omisión de la autoridad.