INFORME DE AMNISTÍA Y SINALOA
Nuestro reconocimiento a Voces Unidas por la Vida
y Rastreadoras en este paradigmático 8 de marzo.
Los militares siguen en labores de policía y la violencia continúa siendo generalizada. Es la conclusión de Amnistía Internacional en su informe 2016-17, al analizar los diez años de guerra contra el narcotráfico de parte del Estado mexicano. El organismo humanitario señala que reciben informes de recomendaciones para detener la tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias y sobre la persistencia de impunidad por violaciones a los derechos humanos.
Mal año para defensores de los derechos humanos y para periodistas el que recién concluyó, pues se conocieron amplias campañas de difamación contra activistas y siguen multiplicándose amenazas y homicidios dirigidos a comunicadores. La situación de las mujeres no fue mejor y sensibilizando a Jalisco y Michoacán para declarar la alerta de violencia de género. AI hace presente el incumplimiento del presidente Enrique Peña Nieto a su Plan de seguridad anunciado en noviembre de 2014, que centralmente contempla legislar contra la tortura y sobre las desapariciones forzadas.
En el primer punto de diez, AI destaca que hasta noviembre de 2016 se habían registrado 36 mil homicidios, frente a los 33 mil del año anterior. Destaca también que en respuesta a las movilizaciones magisteriales se usó la fuerza policial con saldos de heridos y muertos. En el punto dos AI informa del descubrimiento de fosas clandestinas y de restos humanos, cuyo trabajo esencial ha corrido por cuenta de familiares, no de la autoridad. Se atiende también a los saldos en vidas que arrojan operaciones policiales y de fuerzas armadas, como en Nochixtlán, Tanhuato y la acción de las autoridades del estado de Morelos de “deshacerse” de más de 100 cadáveres no identificados, enviándolos a una fosa en Tetelcingo, sin más trámite.
En el punto cinco se destaca que el gobierno federal registró hasta finales de 2016 que 29 mil 917 personas se hallaban en calidad de desaparecidas, 7 mil 503 eran mujeres. Y en el punto seis pone énfasis en las amenazas, el hostigamiento, la intimidación y agresiones en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos. En su punto décimo, hace un brevísimo repaso de la situación que sufren (más que vivir) los pueblo originarios del país, como consecuencia de las acciones de las empresas mineras. En conclusión, para Amnistía Internacional México se encuentra ahora en una grave crisis de violencia, impunidad y de derechos humanos.
Ese panorama dibujado por AI no es ajeno al estado de Sinaloa, es sólo el marco de referencia de nuestra realidad. Todos sentimos demasiado cerca las consecuencias que nos deja la violencia en materia de homicidios, desapariciones, desplazamientos por la violencia, violaciones, pérdida de patrimonio, entre otros renglones. Señalando que la impunidad que reina en relación a las denuncias por acoso, amenazas y agresiones a defensores de los derechos humanos y periodistas es muy preocupante, pues es la invitación más efectiva para que continúen en ascenso.
En lo que va del año, el grupo de familiares Voces Unidas por la Vida ha realizado una incansable labor de búsquedas de sus seres queridos ausentes. La tarea que se han impuesto corresponde al marco de obligaciones de la autoridad de procuración de justicia. Ellas las realizan con alto riesgo para su seguridad, pero con resultados positivos en hallazgos. Este miércoles 8 realizaron un plantón en el kiosko de la Plazuela Obregón. En él reclamaron sus derechos como mujeres y justicia para sus pares asesinadas o desaparecidas. Un lugar especial en el reclamo lo ocupó Sandra Luz Hernández, quien perdiera la vida buscando a su hijo desaparecido. Bien por ellas.
El Congreso del Estado debe resolver quién será el próximo fiscal de Sinaloa. Como Poder legislativo debe estar consciente que no cumplió la tarea de la mejor manera, pues se prometió la creación de una institución (Fiscalía) autónoma respecto al titular del Poder ejecutivo y al legislar le permite al gobernador proponer una terna (meter las manos) y le otorga la facultad de destituir a dicho fiscal. ¿Dónde queda la dichosa autonomía? Los diputados tienen a tres abogados frente a ellos para decidir quién será el fiscal: Oscar Fidel González con experiencia en la defensa de derechos humanos en Jalisco y en la procuración de justicia; Julio César Romanillo que se ha desempeñado como subprocurador de la zona centro y Juan José Ríos Estavillo, que fuera presidente de la CEDH sin destacarse en la defensa de los derechos humanos.
Esperemos que los dados no estén cargados desde el tercer piso de Palacio de gobierno y que si los diputados pasaron de largo los detalles que amarran las posibilidades de la autonomía del fiscal, al menos prueben que en este caso sí hay separación efectiva de poderes. Vale.