Una Burla

La fuga de cinco reos del penal de Culiacán revela no sólo la fragilidad y la profunda corrupción en el sistema penitenciario en Sinaloa, sino complicidad, descuido e importamadrismo de toda la estructura de gobierno.

Revela también el desdén de las autoridades estatales y federales, al trabajo que realizan las tropas militares y federales en el combate al crimen organizado. A diario escuchamos las quejas de la ciudadanía y los reclamos para que se meta orden, se aplique la ley y se castigue a los delincuentes que se pasean con total impunidad por la zona rural y urbana.

Hemos dicho que los patrullajes militares no sólo son necesarios, sino indispensables para imponer algo de respeto a los grupos armados que desde hace mucho rebasaron, cooptaron y corrompieron a las policías estatales y municipales. La última opción han sido los militares no porque sean invencibles o incorruptibles, sino porque su entrenamiento y su capacidad de respuesta son superiores a la de los grupos delictivos, y así ha quedado demostrado. Pese a las quejas de organismos de derechos humanos, medios de comunicación y de algunos grupos de la sociedad civil, a quienes los delincuentes temen es a las fuerzas armadas.

Resulta pues una burla a esas fuerzas armadas y a la sociedad, lo que ocurrió este jueves en el penal de Culiacán: cinco reos de alta peligrosidad, cuyas capturas costaron muchas horas de trabajo, de esfuerzo y hasta vidas humanas, se escapan de la manera más simple, justo en día de visita.

Y no estamos hablando de delincuentes comunes, sino de cinco de los más buscados. Cinco sujetos que por sí solos mueven poderosas estructuras delictivas. Todos con un historial delictivo amplio. Todos buscados por delitos federales y uno de ellos, Juan José Esparragoza Monzón, “El Negro” o “El Azulito”, considerado uno de los 120 objetivos más importantes para la DEA, por tratarse del operador financiero de cártel de Sinaloa. Reclamado en Estados Unidos, extraditable.

Otro de ellos, “Pancho Chimali”, jefe de sicarios de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, es señalado como el responsable directo del ataque a un convoy en el que murieron cinco militares y otros 10 resultaron heridos. Una emboscada ocurrida en septiembre del año pasado en el acceso norte de Culiacán, y que fue calificada como “cobarde”, como un “acto de bestias enfermas” por parte del Secretario de la Defensa, General Salvador Cienfuegos, quien ante los féretros de los militares muertos y antes las familias de éstos, prometió no parar hasta que se castigara a los responsables.

La embestida militar contra estos grupos en Sinaloa, principalmente en la zona centro, no está en duda. Se han hecho arrestos importantes, de mucho peso. La detención de “El Negro” el 19 de enero pasado en un restaurante del centro histórico de Culiacán, es una muestra de ello. La otra, es la detención de “El Chimali”, en un operativo de madrugada, impecable, en donde no hubo víctimas inocentes o daños “colaterales”.

¿Cómo es que estos personajes peligrosos y tan buscados, son enviados a un penal como el de Culiacán, en donde la misma autoridad estatal reconoce que hay condiciones deplorables de seguridad, con video cámaras que no funcionan, con personal mal pagado o corrompido, con un revoltijo de sentenciados y procesados y donde ni siquiera existe el bloqueo de celulares para evitar que los reos tengan comunicación con el exterior.

“Sin excusas, justificaciones ni pretextos sino en un elemental ejercicio de evaluación, se han detectado la herencia de una serie de graves deficiencias en la operación de dicho Centro Penitenciario, cuya infraestructura es deplorable y, en consecuencia, se torna frágil e inoperante para cumplir sus funciones”, señala el Secretario de Seguridad Pública estatal en un comunicado de prensa emitido horas después de la fuga.

La pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué estos reos no fueron enviados de inmediato a un penal de máxima seguridad?

La respuesta es endeble: porque estaban amparados y dichos amparos se los otorgó un juez federal.

Mal por donde se le mire. Su permanencia en un penal de ínfima seguridad como el de Culiacán no se explica, no se le ve lógica.

La única explicación es que el poder económico de estos tipos compró muchas conciencias y hoy están libres, listos para continuar con sus actividades delictivas. “El Chapo” construyó túneles de alta ingeniería que costaron miles de dólares, estos ni siquiera eso. Salieron por la puerta, por donde cuentan que salían por las noches a las 10 pm y regresaban por la mañana al pase de lista.

Desde el 19 de febrero, según el titular de la SSP en Sinaloa, se solicitó al Gobierno federal que estos reos fueran reubicados en un penal de máxima seguridad, pero la petición fue negada bajo el argumento de que estaban amparados. Y uno pregunta: ¿a la sociedad quién la ampara?

Mientras se buscan culpables, el Gobierno de Quirino Ordaz enfrenta su noche negra. El peor momento de esta administración que no acaba de acomodarse y ya se le acumulan los problemas económicos y el tema de la inseguridad que cala hondo en la percepción de la ciudadanía y pega fuerte en la imagen del estado en el exterior. Cierto que lo heredó. Cierto que va llegando, pero ya no hay tiempo para aprender ni improvisar, se requieren acciones. No puede argumentar el Gobernador que no sabía a qué llegaba si él hace seis años fue parte del Gobierno estatal.

Y así, tenemos a Sinaloa de nuevo en los reflectores nacionales e internacionales por malas noticias. Sinaloa a escena, donde los actores principales son los narcos, los policías corruptos que entregan detenidos a sicarios y los jueces corruptos que obsequian amparos a delincuentes de alta peligrosidad.

Tenemos pues, un Estado de rodillas, sin argumentos ni experiencia para hacer frente a un problema de esta dimensión.

Cinco “pesados” se les fugaron. Cinco de calificación a toda estructura de (des) Gobierno.