La protesta sin propuesta no resuelve nada
Activistas sociales emplazan al Gobernador del Estado a que ponga un alto a la violencia generada por grupos del crimen organizado, que desde que tengo memoria han manejado a su antojo a policías y jueces locales y federales.
¿En verdad creen que haya alguien que pueda resolver en unos cuantos meses un problema que se ha descuidado durante décadas? El problema de fondo tiene nombre y se llama impunidad.
Incluso, hay quienes exigen al Gobernador que deje el cargo si no es capaz de mejorar las condiciones de seguridad en el corto plazo, siendo que la administración estatal apenas está llegando a su primer semestre.
A pesar del alto número de homicidios y robo de vehículos, que le han generado severas críticas desde diferentes sectores de la sociedad, el gobierno de Quirino Ordaz parece estar decidido a mantener la estrategia de enfrentar a los grupos criminales con el apoyo del Ejército, en tanto concluye el proceso de fortalecimiento de las corporaciones locales, que también está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Y efectivamente, si lo que se busca es reducir la criminalidad, pero también la corrupción que ha imperado en las corporaciones de seguridad pública, no parece haber otra ruta más viable y hay que decirlo claro, no es una ruta de corto plazo.
A menos que algunos críticos del sistema estén insinuando que para tranquilizar al estado el gobierno debería negociar con el crimen organizado.
Si así fuera, tendrían que decir también con cuál de los varios grupos armados que operan en Sinaloa debería sentarse el gobierno a negociar.
En primer lugar, ya ni entre ellos se ponen de acuerdo, como ocurría en el pasado reciente, según investigaciones realizadas por la PGR que ya hemos comentado en anteriores artículos.
En segundo lugar, experiencias internacionales han demostrado que la paz negociada con criminales siempre está prendida con alfileres.
Si el tema se trata con seriedad tendríamos que admitir que el combate a la criminalidad debe darse en varios frentes, y el primero tiene que ver con la depuración y capacitación de las fuerzas de seguridad pública, a través de un nuevo modelo que garantice la protección de los derechos humanos.
Hay que reconocer que esta tarea ya está dando resultados concretos. El pasado fin de semana, otro grupo de 133 policías estatales y municipales concluyó el curso de adiestramiento en el campo militar de Mazaquiahuac, Tlaxcala, y desde hoy se reincorporan a los operativos preventivos en sus respectivas corporaciones.
Pero la otra parte de la batalla para combatir la impunidad está relacionada con los temas de procuración e impartición de justicia.
Urge reducir la corrupción en las agencias del ministerio público y en los juzgados penales, que en no pocos casos se han convertido en los mejores aliados del crimen organizado.
Como podemos ver, estamos hablando de una misión que no sólo involucra al Ejecutivo, sino a los tres poderes del Estado y a los tres órdenes de gobierno.
Cada cual debe realizar acciones concretas que permitan mejorar la seguridad, y en ello estriba precisamente el problema de fondo, porque no todos están haciendo la tarea de manera coordinada, el esfuerzo no ha sido parejo.
Mientras no existan mecanismos efectivos para el control y evaluación del desempeño de los agentes del ministerio público y los jueces penales, como ya ocurre, aunque de manera incipiente, en las áreas de seguridad pública, la impunidad seguirá reinando en un estado donde la justicia sigue siendo la excepción de la regla.
Los sinaloenses enfrentamos una larga crisis en materia de Seguridad Pública que no ha sido resuelta por ningún gobierno hasta ahora.
Quirino Ordaz estaba en la disyuntiva de impulsar cambios de fondo o continuar con las inercias del pasado y se atrevió a hacer lo que ninguno de sus antecesores había hecho: atacar de raíz el cáncer social de la delincuencia.
El gobernador requiere el apoyo de la sociedad para transformar lo que no funciona y trabajar en conjunto por el establecimiento de la seguridad pública, largamente postergada por intereses ajenos al legítimo derecho de los ciudadanos a vivir en paz.
Es tiempo de cambiar paradigmas. La sociedad debe enriquecer con propuestas la justificada protesta ante los altos niveles de inseguridad, pero el gobierno debe escuchar, reconocer y corregir lo que ha fallado.
Sólo así podremos avanzar juntos.
GRAFITI
#JusticiaJavierValdez. Hoy se cumplen dos semanas del asesinato del fundador del semanario RíoDoce y hasta le fecha no se sabe ni quiénes ni por qué lo mataron.
Sin embargo, en los últimos días ha trascendido que el equipo conjunto de investigadores de la Fiscalía Estatal y la PGR han recabado datos que pudieran llevar a la construcción de una hipótesis que permita obtener una respuesta a la segunda pregunta.
Lo anterior, al parecer se desprende de la información obtenida del número de celular del periodista y que la autoridad mantiene en total reserva para no contaminar la investigación, a la que sólo tienen acceso el Fiscal General del Estado y el Fiscal Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión.
De ser cierto, pronto podría haber noticias.