Actos criminales

Disparar una pistola o un arma larga en contra de cualquier ser humano es criminal. Ni quién pueda discutir esa afirmación tan básica. Ah, pero déjeme decirle que hay muchos otros actos criminales menos visibles que no se castigan por omisión, por complicidad o por incapacidad.

En la administración pública, desde los municipios hasta las administraciones estatales, ejemplos de actos criminales hay muchos, sólo que la memoria colectiva es de corto alcance y a eso le apuestan quienes cometen todo tipo de rapacerías desde el poder. Veamos.

Durante la administración de Juan Millán se cometieron infinidad de corruptelas y malos manejos de los recursos públicos. Fue notorio el surgimiento de nuevos ricos con florecientes negocios al amparo del millanismo. Bajo el ala protectora del gobierno, muchos pasaron de vivir en modestas casas de interés social a vivir en privadas exclusivas. Muchos pasaron de modestos negocios que apenas sobrevivían, a convertirse en empresarios sólidos de diversas ramas.

Con Jesús Aguilar Padilla no fue la excepción. Ya muchos tenían la “venia” y la escuelita millanista, y sólo aplicaron las mismas fórmulas, las mismas mañas. Los nuevos ricos aumentaron y los que eran ya ricos, es decir, quienes tienen el verdadero poder en Sinaloa, se hicieron más ricos y más poderosos.

Luego llegó la llamada alternancia, con Mario López Valdez a la cabeza como el hijo desobediente que se brincó las trancas y no sólo desafió al PRI, sino que le arrebató el poder en las urnas. Fue entonces cuando vino aquello de que se aplicaría la ley y de que la “espada de la justicia” caería sobre los corruptos.

Desde la tribuna del Congreso del Estado, durante su toma de protesta, el discurso de Malova fue bien recibido por los sinaloenses. Eran palabras sólidas, convincentes, esperanzadoras. Ahora sí, se dijo, los corruptos van a ser perseguidos y castigados. “Ni cuates, ni cuotas”, dijo López Valdez.

Muy pronto pasamos al desencanto porque no empezaba el nuevo gobierno cuando ya se había beneficiado al “Nalo” Félix, empresario de Los Mochis, con la compra directa de patrullas por un monto superior a los 50 millones de pesos. Primer tache al recién llegado gobernador.

A Malova se le fueron los meses y aquello de la espada de la justicia quedó sólo en retórica. Ni un solo ex funcionario de la administración aguilarista fue siquiera molestado con un citatorio para que respondieran por el desaseo que dejaron en las finanzas estatales. Ni un nuevo rico fue llamado a cuentas. Todos felices y contentos. Todos gozan de “cabal salud”.

A 5 meses y medio de la administración de Quirino Ordaz, ya los comentarios entre la población empiezan a ser de duda e impaciencia porque tal parece que no habrá castigo para los malos manejos y el saqueo a las finanzas de todas o casi todas las secretarías en el sexenio que acaba de concluir.

El tiempo se va rápido y no se ve –o al menos no hasta el momento– una intención de exhibir, denunciar y castigar todas esas irregularidades que se han encontrado en Salud, con los beneficios que Ernesto Echeverría y su equipo dieron a las empresas de Javier Salido, por ejemplo.

Haber “arrumbado” por tres años un costoso equipo para atención a enfermos de cáncer es un acto criminal. Desmontar y embodegar otros aparatos en los hospitales generales y centros de salud, sólo para rentar los del empresario-socio-amigo, es también un acto criminal que debe ser castigado.

En el sector educativo hay otros actos criminales que merecen castigo, como el dejar sin becas de sostenimiento a cientos de jóvenes de escasos recursos, o bien el desvío de recursos y el pago a tantos “aviadores” o comisionados que están en todas partes, menos en las aulas, frente a los alumnos.

Criminal resulta el hecho de que se hayan construido obras no prioritarias a costos inflados para beneficiar a parientes y amigos, obras que por cierto terminaron como elefantes blancos (el Centro de Alto Rendimiento, el Parque Temático, El Tiburonario de Mazatlán o el Teatro de Los Mochis).

Criminal es que se hayan reportado millonarias inversiones en materia de seguridad pública, y nos digan que no hay patrullas ni armamento suficientes; que las cámaras de seguridad en las calles y en las cárceles no sirven. Criminal es que desde la Secretaría de Seguridad hayan permitido reos de alta peligrosidad en el penal de Aguaruto, que terminaron por escaparse como adolescentes que se van de pinta.

Castigar y terminar con estos actos criminales es quizás el reto más grande que tienen Quirino y su equipo, si es que quieren recuperar un poco de la confianza que los ciudadanos han perdido en las autoridades.

Es hora de que manden alguna señal. El tiempo se agota.

LIBRETA DE APUNTES

Hoy a partir de las 17:00 horas es la cita en Culiacán, Los Mochis, Guasave, Guamúchil y Mazatlán, para manifestarse en contra de la violencia y la impunidad. A un mes del homicidio de Javier Valdez, el semanario Ríodoce convoca a esta protesta a todos los sectores de la sociedad. Súmese a este reclamo, nadie está exento de ser víctima de la delincuencia.