Activistas y periodistas en México son espiados con un software adquirido por el gobierno: NYT
“Este software malicioso, desarrollado por la firma israelí NSO Group1, es comercializado únicamente a gobiernos. Se ha documentado su adquisición por al menos tres dependencias en México : la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)”, indicó el reporte de Artículo 19 y R3D, “Gobierno espía”.
El software Pegasus solo tendría que ser usado para investigar a criminales y terroristas, según las condiciones del fabricante, NSO Group.
Los ataques e intentos de espionaje con Pegasus en México ocurrieron entre enero de 2015 y julio de 2016. Además de los activistas y periodistas mencionados al inicio de esta nota, también fueron blancos de espionaje Rafael Cabrera y Sebastián Barragán de Aristegui Noticias; Alexandra Zapata del IMCO, y Daniel Lizárraga de MCCI.
El gobierno mexicano, de acuerdo con The New York Times, aceptó que realiza “actividades de inteligencia”, sin embargo rechazó “categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial”.
The New York Times apuntó que los periodistas y activistas espiados (los ataques también se realizaron en contra de sus familiares) han sido algunas de las personas más críticas con el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Aunque también señaló que, si bien el software solo es vendido a gobiernos por la empresa NSO Group, “no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable.
El software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó. Incluso el fabricante, NSO Group, señala que no se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos de hackeo”.
Pegasus funciona con el envío de enlaces por medio de mensajes SMS. Busca infiltrarse en los teléfonos inteligentes, para monitorear las llamadas que haga una persona, los correos que mande, sus contactos y calendarios. Además puede utilizar el micrófono y la cámara del teléfono, para persistir en su labor de vigilancia.
El diario The New York Times indicó que, con la ayuda de analistas forenses independientes, analizó decenas de mensajes de enviados a los periodistas y activistas.
Además recordó, que de acuerdo con las leyes mexicanas, solo un juez federal puede autorizar la vigilancia de las comunicaciones privadas, y es “muy poco probable que el gobierno haya recibido esa aprobación judicial para hackear los teléfonos”, según lo dicho por exfuncionarios de los servicios mexicanos de inteligencia.
“Somos los nuevos enemigos del Estado”, dijo Juan Pardinas, del IMCO a The New York Times. “La nuestra es una sociedad en la que la democracia se ha deteriorado”, agregó.
En su reporte, R3D y Artículo 19 señalaron que se acreditaría la comisión de diversos delitos, con el espionaje e intentos de infección de los dispositivos de periodistas y activistas.
“De manera destacada, podría haberse cometido el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas, contemplado en el artículo 177 del Código Penal327 y considerado un delito grave, por el cual resulta aplicable una pena de 6 a 12 años de prisión”, se indicó en el reporte.
“Resulta urgente la realización de una investigación exhaustiva, seria, imparcial y transparente que permita, en primer lugar, identificar a las autoridades mexicanas que han adquirido licencias de uso del malware de espionaje Pegasus y otros de similar naturaleza. La investigación debería, posteriormente, identificar a las personas que han sido ilegalmente espiadas con herramientas de malware y hacer de su conocimiento la información ilegalmente obtenida y utilizada”, agregaron las organizaciones.
R3D, ARTICLE 19 y SocialTIC mencionaron que lograron documentar “76 nuevos intentos de infección con el malware Pegasus en contra de periodistas y defensores humanos en México. Estos ataques, ocurridos entre enero de 2015 y julio de 2016, se suman a los 12 intentos registrados en contra de científicos y activistas de la Alianza por la Salud Alimentaria en 2016“.
Este último caso llevó a que 10 organizaciones de la sociedad civil abandonaran el secretariado técnico tripartita de la Alianza para el Gobierno Abierto.