Las reformas que han marcado a los mexicanos

Nuestro país, por desgracia, no ha podido superar el subdesarrollo, ya que las políticas públicas implementadas por el gobierno federal —en el ámbito educativo, generación de empleos, vivienda, seguridad social, alimentación— no se trazan en función de los intereses sociales. Aunado a lo anterior, está la descomposición de los partidos políticos, sobre todo los nacionales, que sobreponen siempre sus intereses de grupo a los de la sociedad.

En la actualidad, México tiene 127.5 millones de habitantes, 8 millones más según el censo del INEGI 2015, por lo que somos el onceavo país más poblado. A esta población el modelo de desarrollo no ha sido capaz de responder en tres ámbitos: garantizar el crecimiento sostenido, diseñar un modelo de distribución de la riqueza equitativo y romper con los ciclos intergeneracionales de reproducción de la pobreza.

De acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL, 2015), en nuestro país persiste la marginación. Por ejemplo, 5.49% de la población mayor de 15 años (siendo mayoría las mujeres) seguía siendo analfabeta y 35.3% del mismo rango no había concluido la educación básica. Asimismo, 17.8% de la población carecía de afiliación a alguno de los sistemas públicos (21.7 millones de personas) y 2.5% de las viviendas (en las que habitan alrededor de 4 millones de personas) tienen piso de tierra.

De igual manera, 5.2% (cerca de 1.66 millones) de las viviendas no disponen de agua potable y casi 20% (cerca de 6.20 millones) disponen de tubería en el terreno, pero no en los cuartos, 6% no cuenta con drenaje (alrededor de 1.9 millones) y 1% carece de energía eléctrica.

Otro indicador es la precariedad laboral. Según datos del INEGI, “al tercer trimestre de 2016, la mayor proporción de ocupados (26.2%) percibe más de uno y hasta dos salarios mínimos (SM); uno de cada cinco ocupados (21%) recibe más de dos y hasta tres SM; 15.1% percibe hasta un salario mínimo; 7% de los ocupados lo está sin percibir ingresos, y sólo 6.1% percibe más de cinco SM”.

Los datos anteriores son solo una pequeña muestra de la situación difícil y hasta crítica que viven millones de mexicanos. En 2014, 53.3 millones de personas vivían en situación de pobreza, lo cual representa el 45.5 % de la población nacional.

Sin duda, las estadísticas anteriores obedecen en buena medida a las reformas estructurales que los partidos políticos han impulsado en el H. Congreso de la Unión. Un punto de partida es el 6 de julio de 1988, fecha en que se realizó el más grande fraude electoral y como resultado de ello asume la presidencia de la República Carlos Salinas de Gortari. “Se cayó el sistema”, fue la justificación.

Más tarde, en mayo de 1989, la mayoría de los diputados federales aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo, el cual establecía la venta de 250 empresas públicas al sector privado, entre ellas Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas y Altos Hornos de México.

En junio de 1990 se modificó el artículo 28 constitucional para privatizar el servicio público de banca y crédito, lo cual permitió a Carlos Salinas entregar 18 bancos propiedad de la nación a sus amigos y socios, que hoy son de los hombres más ricos del mundo. Dos años después, en enero de 1992, se aprobaron reformas al artículo 27 constitucional para permitir la venta de tierras ejidales y comunales, lo cual inició el proceso de abandono al campo mexicano.

En ese mismo año, en mayo, se modificó la Ley Minera para concesionar la minería a particulares hasta por 50 años; derogaron el impuesto a la extracción de minerales y privatizaron minas estatales. El presidente Salinas entregó 6,600,000 hectáreas de reservas nacionales a los grupos Peñoles, México y Carso. Hoy, las mineras poseen 25,386,611 hectáreas, es decir, 13% del territorio nacional.

También la industria eléctrica se privatizó. En diciembre de 1992 se reformó la ley para permitir a empresas privadas generar electricidad. Hoy venden a la CFE casi 50% de la luz que consumimos. Las plantas de CFE están paradas o subutilizadas, mientras que aquellas empresas reciben 80,000 millones de pesos del presupuesto.

La educación no escapó de estas acciones. En marzo de 1993 se aprobaron reformas al artículo 3º constitucional para limitar la gratuidad de la educación pública sólo la primaria y la secundaria, y se dejó al mercado, como si fuese una mercancía, la educación media superior y universitaria. A partir de entonces cada año se rechazan a alrededor de 300,000 jóvenes que aspiran a cursar una carrera profesional. Se afirma que no hay presupuesto para los planteles públicos. La matrícula de las escuelas privadas creció de 16% a 37%. En pocas palabras, la educación en México se ha venido privatizando y por ello solo pueden estudiar los que tienen recursos económicos.

En noviembre de 1993 el campo fue objeto de otro golpe. Una vez más, los grandes partidos aprobaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo cual ocasionó que miles de campesinos emigraran a Estados Unidos y muchos de los que se quedaron en nuestro país engrosaran las filas del desempleo, lo cual hundió al campo mexicano en el abandono.

A partir de esa fecha, las reformas se intensificaron. En 1995 se aumentó el IVA del 10% al 15% y se modificó la ley para vender Ferrocarriles Nacionales de México a empresas nacionales y extranjeras, y como premio de ello, el expresidente Ernesto Zedillo fue contratado como asesor del Consejo de Administración de UnionPacific Corp., a la que entregó parte de la infraestructura ferroviaria del país.

Otro duro golpe a los mexicanos ocurrió en 1996, cuando se modificó el Sistema de Ahorro para el Retiro y las pensiones de millones de trabajadores fueron entregadas a financieras privadas que administran turbiamente, con comisiones muy altas y nula rentabilidad para los trabajadores. No conformes con lo anterior, en diciembre de 1998 se aprobó el FOBAPROA y con ello convirtieron las deudas de empresarios y banqueros en deuda pública, que hoy asciende a un billón 300 mil millones de pesos. En 15 años hemos pagado más de 600 mil millones de pesos tan sólo de intereses.

En diciembre de 2012, se firmó “El Pacto por México”. Lo encabezó el presidente Enrique Peña Nieto y fue avalado por el presidente del PAN; Cristina Díaz Salazar, presidenta interina del PRI; Jesús Zambrano Grijalva, presidente del PRD, y después se sumó el Partido Verde, a través de su vocero Arturo Escobar y Vega.

Sin embargo, el pacto que se firmó fue realmente un atentado contra México, ya que acordaron aprobar 11 reformas nocivas, entre ellas la laboral, la educativa, la fiscal y hacendaria, la de telecomunicaciones, la de salud, la energética y la Ley General de Aguas.

Un claro ejemplo de lo dañino de dichas modificaciones es la reforma energética, aprobada en diciembre de 2013, la cual no es otra cosa que la entrega de las ganancias del petróleo a empresarios privados.

Todo este historial son solo algunos ejemplos de cómo los diputados de los principales partidos han acordado lo que ellos mismos han denominado grandes reformas para México; en realidad sí son grandes, pero para enriquecer a unos cuantos, mientras que millones y millones de mexicanos han perdido su capacidad adquisitiva, lo cual ha traído como consecuencia un mayor empobrecimiento.

Gracias y que pasen un excelente fin de semana.