Dispendio en la gestión de la política social en México

En 2016 hubo por lo menos 5491 programas y acciones de desarrollo social en el país. De ellos, 233 fueron del ámbito federal, 2528 de los gobiernos estatales y 2730 de los gobiernos municipales.

Esta dispersión de los programas genera sin duda un incuantificable dispendio solo en su proceso de gestión, lo que de entrada contradice a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y eso sin considerar los eventuales avances o retrocesos en los procesos técnicos de gestión.

Por ejemplo, algunos de esos programas tienen serias fallas en el registro de domicilios o ubicación geográfica y de sus beneficiarios, lo cual puede conllevar serios problemas de corrupción. Esto es mucho más grave aún que el dispendio en la política social derivada de la gestión.

A su vez, si atisbamos en los resultados de la política social, observamos que no todos son tan eficientes en la población objetivo o destinataria. Por ejemplo, en el rubro de los indígenas, siete de cada 10 personas en 2014 se encontraban en pobreza genérica y tres de cada 10 se hallaban en pobreza extrema; en cambio, en la población de hombres no indígenas entre 21 y 55 años la pobreza era de 38.9%.

La pobreza en los adultos mayores se agrava a partir de la acumulación de desventajas, pues el porcentaje de población mayor de 65 años en pobreza es de 45.9%; no obstante, al hacer una diferenciación de género, resulta que el 46.3% de las mujeres de esa edad se encontraba en esta situación. Y si a ello se le agrega el componente étnico, la cifra aumenta a 75.5%. La situación de pobreza empeora en el caso de los jóvenes indígenas, ya que en 2014, el 72.8% eran pobres, mientras que 44.1% de jóvenes no indígenas se encontraron en esta condición.

Por su parte, el rezago educativo entre las personas de la tercera edad sigue siendo significativo, pues mientras entre la población menor de 65 años fue de 15.2%, en los adultos mayores tal rezago educativo fue de 60.7%.

En materia laboral, de acuerdo con la encuesta aplicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), los números tampoco son muy halagadores, ya que el 83% de las personas entre 15 y 64 años manifestó dificultad en obtener ayuda para conseguir trabajo. La cifra aumenta al 86.3% en las personas mayores de 65 años de edad.

En números globales, entre 2012 y 2014, la pobreza en México se incrementó del 45.5% al 46.5%, lo que representa un aumento de 2 millones de personas.

Respecto al ingreso laboral real, es decir, al poder adquisitivo, este se incrementó de manera insignificante entre 2015 y 2016, con lo que se habría recuperado —muy poco o casi nada— el poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares mexicanos que había caído entre 2007 y 2014.

De acuerdo con el informe del CONEVAL, entre 2014 y 2015 las carencias que más disminuyeron pero muy poco fueron las de acceso a la seguridad social, a la alimentación y a los servicios de salud.

Sin embargo, aún existe un largo y arduo camino por recorrer para lograr que el desarrollo social en el país sea más amplio y haya un auténtico abatimiento de la pobreza, sobre todo en favor de los grupos más vulnerables, como los indígenas, los jóvenes y los adultos mayores, los cuales necesitan de mejores políticas públicas para tener más oportunidades económicas, políticas y sociales.

A pesar de que hay 5491 programas federales, estatales y municipales, que implican mayores gastos de operación en los tres órdenes de gobierno, hay muchos que duplican el gasto al no existir mecanismos suficientes para compartir información sobre los beneficiarios y los objetivos y con ello se tomen las mejores decisiones sobre los recursos públicos.

Todo lo anterior contradice e impide, en los hechos y como ya se comentó, los propósitos esenciales de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, razón por la que sostenemos que hay un dispendio en la gestión o administración del gasto social e impide que no se avance como se debería.

Por ello, el Grupo Parlamentario que coordina el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño en la 62 Legislatura, y un servidor proponemos que se canalice a través de una sola institución todo el gasto social. Con ello no solo se evitaría el dispendio, sino que se beneficiaría al mayor número de mexicanos que se encuentran en condición de pobreza.

De esta manera, se podría abatir con mayor profundidad, eficacia y rapidez el rezago social. Es decir, permitiría que se trabaje más y mejor a favor de las personas más vulnerables de México, porque ese es uno de nuestros objetivos esenciales y la razón fundamental de nuestra lucha. Con hechos y no solo con palabras, porque hechos son amores.

Gracias y que pasen un excelente fin de semana.