Farsantes

Vimos recientemente en el Congreso del Estado y fuera de él una férrea postura del Partido de Acción Nacional por la transparencia y la rendición de cuentas; se proclamaron públicamente y con todo como adalides de la honestidad.

Compartimos y defendimos en esta columna algunos de sus planteamientos y reclamos en lo que fue el proceso de reforma a los artículos 37 y 43 de la constitución local, y hoy abundamos sobre ello para advertir lo que otras veces hemos señalado en Altoparlante: nadie les gana a los del PAN en su doble moral, candiles de la calle y oscuridad de la casa.

Como evidencia irrefutable de esto último, referiremos estatutos y reglamentos panistas que atentan contra la constitución misma y representan una clara y cínica contradicción frente a posiciones que se asumen en público.

Iniciamos con los estatutos generales del PAN, que en su artículo 12, inciso H, refieren dentro de las obligaciones de los militantes la de “salvaguardar la fama pública y el prestigio del Partido, de sus dirigentes y militantes, y en su caso dirimir las controversias ante los órganos partidistas correspondientes”.

En los hechos, este ordenamiento opera con la intención de lavar la ropa sucia en casa; si algún panista se entera de que otro panista está robando o robó, hay que manejar el asunto internamente, en lo oscurito.

Reforzamiento de esa doble moral en el Reglamento sobre aplicación de sanciones, que en su artículo 16 considera como infracción y actos de indisciplina (fracción séptima) “acudir a instancias públicas o privadas ajenas al Partido, para tratar asuntos internos del mismo o para intentar su intromisión en los actos propios del Partido”.

Que no haya duda: si un gobernante o un dirigente del PAN comete un acto de corrupción, es para ellos un “asunto interno”, que tratarán calladitos y sin que los demás nos enteremos.

Tienen los panistas en su comité ejecutivo nacional una Comisión Anticorrupción y Actividades Relacionadas, que en el artículo 21 de su reglamento señala que “cualquier militante, funcionario, dirigente, legislador o servidor público emanado del PAN, u órgano partidista que tenga noticia de un presunto acto de corrupción deberá denunciarlo ante la Comisión u otros órganos competentes del partido, en términos del presente reglamento”; reiteración de lo antes señalado.

Acción Nacional viola abiertamente la ley en sus estatutos y reglamentos.

La libertad de expresión es un derecho universal, y no puede ser limitado por una organización que además es un ente de interés público.

Cuando alguien conoce un acto de corrupción pública, tiene la obligación no solo moral sino además legal de hacerla del conocimiento de las autoridades competentes, que son las instituciones y no las instancias internas de un partido político.

Estatutos y reglamentos panistas ilegales, contra los que nadie hace nada.

En Sinaloa y en otras entidades, el PAN ha expulsado a militantes que se atrevieron a denunciar públicamente una corrupción, ilegalidad o arbitrariedad panista.

Y es que todo militante blanquiazul debe manejar en lo interno cualquier caso que atente contra el “buen nombre” de ese partido.

Eso de hacer las cosas con transparencia, es una exigencia hacia afuera que no aplica dentro.

Que no venga pues nadie de Acción Nacional, casi al borde del suicidio colectivo, a reclamarle a los demás que actúen con transparencia y rendición de cuentas de cara a la sociedad, mientras ellos tratan sus corrupciones en lo oscurito, solapando a sus gobernantes y dirigentes rateros para “salvaguardar la fama pública y el prestigio del partido”.

Pongan primero el ejemplo, y dejen ya de actuar como farsantes y cínicos.

En eso incurren, por más que alguno se quiera sentir ofendido; ahí están los ilegales ordenamientos panistas, claritos y a la vista de todos.