Atraco escolar
Quinientos millones de pesos para mantenimiento de escuelas, acaba de anunciar el gobernador Quirino Ordaz Coppel.
Importante inversión, que frente a las enormes necesidades que se tienen exige una definición muy puntual sobre los planteles a beneficiar.
Hace buen número de años que nuestras escuelas se encuentran prácticamente en el abandono, con los gobiernos aportando migajas presupuestales en esa costumbre cada vez más arraigada de pretender que los padres de familia somos en buena parte los responsables del mantenimiento de esas instalaciones.
Eso de la educación pública gratuita es a todas luces una falacia constitucional, y desde preescolar hasta secundaria los paterfamilias terminan obligados a pagar cuotas de admisión y un montón de aportaciones adicionales oficial y falsamente voluntarias.
Algunas escuelas piden o cobran por casi todo: para el papel del baño; para el agua purificada; para las credenciales, copias y un montón de etcéteras más.
Un robo descarado resulta el manejo de las unidades de consumo escolar, casi siempre bajo el control absoluto del director o directora.
Algunas tiendas generan utilidades superiores a los mil pesos por día, sin que los padres de familia sepan a ciencia cierta cómo fue que se gastó; los “informes” de los directores avalados por los supervisores carecen del mínimo rigor como parte de esas complicidades y el reparto de los beneficios.
No conocemos excepciones, pero no dudamos que existan; ojalá.
Algo de experiencia personal tenemos sobre esto, porque quien esto escribe fungió como presidente de las sociedades de padres de familia en las escuelas primaria y secundaria que cursaron mis tres hijos menores.
Como ejemplo de lo que se puede hacer, les diremos que en la secundaria donde estuvieron mis hijos la Asociación de Padres de Familia que me tocó presidir entregó el plantel en excelentes condiciones;
todas las aulas y oficinas con aire acondicionado, alrededor de treinta equipos nuevos; pusimos vitropisos de uso rudo; derrumbamos la tienda de láminas de acero y construimos una de concreto; equipamos el aula de cómputo.
Al llegar, la cuenta de la APF estaba casi en ceros, con deudas por pagar; al entregar, dos años después, dejamos 517 mil pesos en el banco, sin adeudos.
Sobre lo anterior existen los debidos registros tanto en el centro escolar como en la Secretaría de Educación Pública y Cultura.
Entre el recibir y el entregar hubo un punto clave que explica cómo fue que pudimos hacer tantas obras en el plantel: tras varios meses de disputa con la dirección, la tienda escolar quedó a cargo de la Asociación de Padres de Familia.
La dirección tenía antes el control absoluto de la unidad de consumo escolar, y además recibía de la APF apoyos mensuales y a veces emergentes para la atención de gastos de oficinas, porque “lo recibido por la tienda no alcanzaba”.
Cuando los padres de familia asumimos el control de la tienda, aportamos una cantidad mensual a la dirección, con la obligación de comprobar cada gasto, y quedaba mucho dinero sobrante.
Como he dicho, ahí están los registros de las cuentas entregadas a SEPyC, y los informes respectivos de las obras materiales, equipamiento y demás gastos en aulas y oficinas.
Muchos miles de pesos de diferencia en los ingresos, entre la tienda escolar manejada por la escuela de manera discrecional, y la operación vigilante y controlada por los padres de familia.
Se han robado ya gran cantidad de dinero, y muchos millones de pesos más seguirán el mismo camino si no se procede a corregir estos vicios, vigentes por la suma de dos factores: por la protección y complicidad de los sindicatos magisteriales, casi exclusivamente por el SNTE, y porque los padres no se organizan y deciden a intervenir.
Desde este espacio, un llamado al gobernador Quirino Ordaz Coppel y al Secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, José Enrique Villa Rivera, para que continúen con las revisiones y el reordenamiento del funcionamiento de las tiendas de consumo escolar.
Si se animan, terminarán sorprendidos de los beneficios que se generarían en las escuelas de nuestros niños y jóvenes.
Advirtamos que se necesita también del compromiso de los padres y madres de familia, y que dejen de ser cómplices por omisión.