Vemos la tempestad y no hacemos nada
Septiembre de 2017 quedará grabado en la historia por la insólita serie de fenómenos naturales que estremecieron el planeta y demostraron, una vez más, que no estamos lo suficientemente preparados para reaccionar con rapidez ante el desastre.
El sismo de 8.2 grados Richter, el más fuerte desde 1985, que el pasado jueves golpeó al centro y sur del país, provocando decenas de muertos, puso al descubierto que a pesar de todo lo que supuestamente hemos aprendido de las tragedias, no contamos con sistemas de Protección Civil verdaderamente equipados y preparados para actuar inmediatamente después del evento.
En Oaxaca y Chiapas, aún con el apoyo del gobierno federal y la presencia del Presidente Enrique Peña Nieto en la zona de la tragedia, la ayuda ha sido lenta, porque el acopio de víveres inició tres días después del temblor.
Otro botón de muestra de la improvisación que impera en materia de prevención de desastres naturales, es la tormenta tropical “Lidia” que causó severos daños en Baja California Sur, con pérdidas humanas aun sin cuantificar en su totalidad por la cantidad de personas que se mantienen en calidad de desaparecidas y se cree no lograron sobrevivir.
En Los Cabos la gente dice que no fueron pocos los cadáveres que quedaron sepultados entre el lodo, escombros y vehículos que fueron arrastrados por las fuertes corrientes pluviales que provocaron la peor inundación registrada en muchos años en esa entidad.
Y en medio de la tragedia se ha levantado la voz de las familias que perdieron el patrimonio adquirido con muchos años de trabajo y que de la noche a la mañana quedó hecho trizas.
Es el caso de los propietarios del edificio de departamentos que se vino abajo en la colonia Puerto Nuevo, en donde, inexplicablemente, el inmueble fue levantado en el cauce natural de un arroyo.
Ahora resulta que las autoridades no saben cómo le hizo el grupo Homex para obtener el permiso de construcción para ese proyecto habitacional, considerando el alto riesgo que representaba el lugar. Los afectados dicen que fueron engañados por la empresa y exigen que se aplique la ley a los responsables.
En Sinaloa deberíamos de aprender de lo ocurrido en Baja California Sur, pero también de las tragedias provocadas por fenómenos naturales en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz.
El desordenado crecimiento de las zonas urbanas, aunado a la corrupción que ha imperado en la autorización de permisos para uso de suelo y licencias de construcción, obligan a reconocer el peligro y tomar medidas anticipadas para corregir lo que se pueda corregir, sancionar a quienes no cumplen con la normatividad y, sobre todo, prevenir nuevas tragedias.
Es momento de revisar y actualizar los Atlas de Riesgo en los municipios, colocando como prioridad las escuelas, guarderías, hospitales y desarrollos habitacionales en colonias populares.
Es bien sabido que en Mazatlán y otros sitios turísticos del estado hay hoteles que no cumplen con las medidas mínimas de seguridad y en temporada alta siempre están llenos. Cuidado, porque si nos pega un sismo como el del pasado jueves, los viejos edificios, con sus frágiles cimentaciones, podrían desmoronarse fácilmente.
Es urgente trabajar en una cultura de la prevención diaria, no sólo ante la inminente tragedia. Se requiere desarrollar políticas públicas para establecer una contraloría ciudadana de riesgos, pero también comités de acción inmediata ante la emergencia en centros urbanos, sindicaturas, puertos, campos pesqueros y playas.
Cuando lo que está en riesgo es la vida de las personas, no podemos permitir que siga imperando el “Ahí se va”, “el que venga atrás que empuje”, “primero lo urgente y después lo importante”, “provisional porque es urgente”, “no alcanzó el presupuesto”, “hay otras prioridades”, etc.
Quizás ese fue el criterio que aplicó en su momento el gobierno de Sonora con el caso de la guardería ABC. La estancia, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social funcionaba sin cumplir con las medidas básicas de seguridad y no hubo ninguna autoridad estatal ni municipal que lo advirtiera.
En la guardería murieron 49 niños quemados, pero también fue la tumba política del gobernador Eduardo Bours y del director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas.
GRAFITI
Es momento de profesionalizar el área de Protección Civil que hasta ahora sólo ha servido para que los gobernadores y alcaldes paguen cuotas políticas.
Con excepción del municipio de Ahome, en donde se ha dado continuidad en esa área, como reconocimiento al desempeño de su coordinador, Sergio Liera, no vemos que se trabaje en el resto del estado con el dinamismo que se requiere.
El Instituto Estatal de Protección Civil no puede seguir siendo una oficina burocrática, porque de ahí depende en buena medida la seguridad de la población que está expuesta a todo tipo de riesgos.
Ahí, al igual que en el área de Seguridad Pública, también se requiere que esté a cargo un militar con experiencia acreditada en la materia… y mire usted que si algo saben los miembros del Ejército es reaccionar con rapidez y eficiencia ante los desastres naturales.