Tiene razón Partida
Seguramente los estructuralistas, geólogos y demás científicos que han diagnosticado el edificio de la secundaria federal N° 2 de Culiacán tengan razón y este necesite reforzar su estructura para garantizar la seguridad del edificio ante cualquier circunstancia de amenaza, pero quien no tiene ninguna razón es el secretario de la SEPyC, José Enrique Villa Rivera, al pretender deshacerse de él para prácticamente regalárselo a la familia Ley.
La voracidad de unos no tiene límite, como tampoco la estulticia y servidumbre de otros al continuar embolsando los primero el patrimonio público de Culiacán y al proliferar funcionarios venales y corruptos.
Desde 1993, cuando el Dr. Gómez Campaña presentó la iniciativa de remodelar el estadio municipal “Ángel Flores” con un crédito público de un millón de dólares, entonces 3 millones de pesos, se planteó renegociar el contrato de arrendamiento con Juan Manuel Ley López para modificar los términos de acuerdo con la inversión, propuesta que hiciera el PRD en el cabildo, cuando pagaban 600 mil pesos anuales de renta (50 mil pesos al mes) y el ayuntamiento tenía todos los derechos de concesiones, renta, publicidad y estacionamiento.
El Dr. Gómez Campaña llegó hasta la remodelación y no prosperó la revisión del contrato con los Ley, pero en 1995 ganó el PAN y Sadol Osorio la presidencia municipal, donde doctrinariamente el PAN, con sus inclinaciones privatizadoras, promovió abiertamente la concesión del estadio por 1 años, cediéndoles en “bandeja de plata” los derechos y obligaciones del municipio para con el inmueble.
Luego vinieron Gustavo Guerrero y Jesús Enrique Hernández Chávez para ampliar dicha concesión a otros 30 años más y luego con el segundo quedó en 40 años, sin que desde entonces se retribuyera algo al ayuntamiento de Culiacán. Bueno, a lo mejor si pagaban los policías y tránsitos que les cuidaban el inmueble.
Finalmente llegó MALOVA al gobierno, que sin ningún rubor invirtió 400 millones de pesos para remodelar el estadio, regalándole a la familia Ley una fortuna para seguir elevando sus ingresos.
Ahora resulta que falta entregarles los terrenos de la secundaria federal N° 2 para que “redondeen” el negocio del estadio, no importa que la SEPyC y su delegado violen la ley, pensando antes en los empresarios que en la institución, no se diga en la sociedad.
Por eso, tiene mucha razón Juan Manuel Partida en preguntarse la ilegalidad que están cometiendo creyendo que pueden incorporar más ilegalidades a las ya cometidas ante la ausencia de memoria colectiva y reconocimiento a la crítica de trato abusivo que practican los beneficiarios que tal parece no tienen llene y los otros no tienen vergüenza.