UAS y la transparencia
Desde 1994, cuando el Congreso del Estado instruyó a la contaduría mayor de hacienda (ente fiscalizador previo a la auditoría superior del estado), para que aplicara el precepto constitucional de fiscalizar todos los recursos públicos, lo administrara quien lo administrara, como era el caso polémico de la UAS, que algunos consideraban que eso significaba violar su autonomía, prevaleciendo en los diputados entonces, que una cosa era la autonomía universitaria y otra cosa era la rendición de cuentas que todo aquel que manejaba dinero público debiera llevarse a cabo sin ninguna excepción.
A partir de aquel año se creó una por la autoridad de la UAS, una comisión de fiscalización externa plural de las finanzas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que observaba los trabajos de la contaduría mayor de hacienda, del congreso del estado para transparentar los manejos financieros de la centenaria institución.
Hoy en día la UAS recibe subsidios del gobierno federal y del gobierno estatal en proporciones de 70 y 30 respectivamente que suman 5600 millones de pesos, recursos que son auditados puntualmente tanto por la auditoría superior de la federación y la auditoría superior del estado, informe que se presentan a los diputados federales y a los diputados locales respectivamente.
En el último informe que ha rendido la ASF (Auditoría Superior de la Federación) del periodo 2013-2016, la UAS sale bien librada sin que existan observaciones como la que le han hecho a la Universidad Nicolaíta de Michoacán (UMSNH) con mil millones sin clarificar, la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM) con 700 millones y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) también con mil millones de pesos.
De las 42 universidad auditadas por la ASF se encontraron anomalías por 10 mil doscientos millones de pesos, además de los tres anteriores, destacan las universidades de Tabasco, Zacatecas, Nayarit y Oaxaca, precisamente las universidades que hace un mes se declararon en quiebra para solventar requerimientos financieros de fin de año.
De los 77 mil millones que se entregaron a las universidades públicas en este lapso, resultando el 12% irregular, manteniéndose observación especial sobre la UANL (la de Nuevo León), la UNACAR (Campeche) y la UAM (del DF).
En los 4 años auditados por la ASF la UAS sale bien librada y tan solo tiene observaciones menores a los casi 15 mil millones de pesos que le auditaron en ese periodo, cuestión que hablar muy bien de la administración de Juan Eulogio Guerra Liera y que obviamente representa una buena carta de presentación para promover mayores subsidios a la centenaria institución para el presupuesto 2018.
Recién el Congreso de Sinaloa al aprobar el presupuesto del gobierno estatal, incrementó en cien millones su presupuesto sin alcanzar los casi 300 millones que solicitaba el rector, monto que seguramente van a obtener con más gestiones con el gobierno federal o con programas especiales concursables.
El tránsito de la transparencia de las instituciones que manejan el dinero público ha sido un camino largo y tortuoso, tanto que la corrupción sigue siendo uno de los problemas más ominosos de nuestro sistema político, sin embargo los esfuerzos que se realizan poco a poco rompen barreras y abren procesos que se pueden desencadenar para ayudar a detener y revertir algo tan innoble y costoso. “Y sin embargo, se mueve” dijo Galileo.