Comediantes
La Auditoría Superior del Estado concluyó el pasado 15 de diciembre dos auditorías que encontraron más de 950 irregularidades en trámites vehiculares por parte de Vialidad y Transportes y Recaudación de Rentas del gobierno estatal, pero apenas este viernes entregó los resultados al Congreso del Estado.
Se tardaron nada más 98 días para cumplir con un procedimiento que debió ser inmediato, y es necesario advertir que ese expediente de 241 páginas muy probablemente seguiría siendo hoy un documento “top secret”, de no ser por las revelaciones publicadas el 15 de enero en esta columna.
Con el título de “Organizados”, informamos en ese Altoparlante sobre el emplacamiento ilegal de vehículos robados, con facturas falsas y documentos personales apócrifos; conductas tipificadas como delito, algunas de ellas consideradas como delincuencia organizada.
Este caso registra numerosas ilegalidades, omisiones y perversidades por parte de diversos servidores públicos, cometidas antes, durante y después de las auditorías.
Ejercite la mandíbula, vaya usted por los kleenex, y prepárese para reír o llorar, porque presentaremos aquí un resumen de esta escalofriante comedia de terror político.
Como punto de partida, las revisiones de las cuentas públicas del gobierno de Mario López Valdez, y los diputados locales priístas con frecuentes trastornos de identidad; por momentos con el freno de mano y el asiento reclinado; luego con el acelerador a tope y a velocidades sorprendentes, para meter después la reversa y esperar las nuevas señales desde los pits.
Cuentas aprobadas en comisiones, presumidas incluso como ejemplo, con implantes biónicos a los legisladores tricolores que recuperaron milagrosamente la vista y pudieron identificar irregularidades hasta ese momento desconocidas.
Les cambiaron la línea, pues, y suspendieron las cuentas públicas de Malova, con la amenaza de que serían presentadas denuncias formales.
Presiones y chantajes políticos en las alturas, con la posterior aprobación de las cuentas y el anuncio oficial de que casi todas las observaciones fueron solventadas; todo parecía convenido y arreglado, pero nuevas confrontaciones entre el que llegó y el que se fue motivaron las auditorías referidas.
Una inventada denuncia anónima sirvió como pretexto para una “nueva” investigación, y para que la ASE encontrara las más de 950 irregularidades que no fueron vistas en las anteriores revisiones.
Evidencia plena de que tenemos una Auditoría Superior del Estado desvergonzadamente supeditada a las órdenes del gobernador Quirino Ordaz Coppel, y utilizada como un instrumento político para la persecución y la represión.
Las ilegalidades se conocieron desde hace buen rato, y se solaparon durante el gobierno de López Valdez y en el actual.
Confesiones públicas, como en el caso del actual diputado panista Juan Pablo Yamuni Robles, quien ante periodistas de Los Mochis declaró el pasado 22 de enero que siendo titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno de Sinaloa encontraron el emplacado ilegal de vehículos, pero que los auditores conocieron la participación de funcionarios y de delincuentes, que se les frunció y decidieron mejor hacerse pentontos.
La propia titular de la ASE, Emma Guadalupe Félix Rivera, quien también ante la prensa validó la información exclusiva de quien esto escribe sobra las auditorías y las irregularidades encontradas.
Ambos incurrieron en responsabilidad penal sancionada por la ley, en el evidente desacato de lo señalado en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que los obliga a los servidores públicos a denunciar de manera inmediata todo acto presuntamente delictivo sobre el que tengan conocimiento.
Del por qué no denunciaron ellos y de por qué nadie los castiga, la explicación es sencilla: esta trama nada tiene que ver con la transparencia ni con la rendición de cuentas; hay propósitos puramente políticos, tanto en las confrontaciones como en las complicidades.
Lo que de ninguna manera impide que a cada rato estos comediantes baratos nos presuman lo mucho que hacen porque se respete la ley y se castigue a quienes la violentan.