Gobierno empresario

Un conjunto de irresponsabilidades, incongruencias y presumibles tráficos de influencias por parte de los gobiernos federal y estatal han puesto en serio peligro la operación del Programa de Estancias Infantiles afiliadas a la Secretaría de Desarrollo Social, que funciona de manera subsidiada para miles de madres y papás solos de bajos ingresos.

Hasta parece un complot para desaparecer ese servicio, en virtud del paquete de nuevos cobros y acuerdos oficiales que ponen a los operadores de estas guarderías en la disyuntiva de operar con pérdidas o cerrar sus puertas.

Se tiene un registro de 349 estancias infantiles afiliadas a SEDESOL en Sinaloa, de las cuales alrededor de doscientas funcionan en Culiacán.

Es un programa con orientación social, que brinda el servicio de guarderías infantiles a madres trabajadoras, madres solteras que buscan trabajo, madres que estudian y que no tienen trabajo, y a padres solos.

Las mamás y papás pagan cuotas que varían entre 800 y mil pesos mensuales, y SEDESOL aporta a estas empresas sociales una beca de novecientos cincuenta pesos por niño.

Los responsables de estas instancias infantiles pasaron en pocas semanas de la mortificación a la angustia ante el encarecimiento de sus costos de operación.

Imposible cobrar más a las mamás y a los papás, porque se trata de familias de escasos recursos; el subsidio del gobierno federal por niño era de 900 pesos hace cuatro años, y ahora de 950.

Y como referimos líneas atrás, el gobierno comenzó a aplicarles en este año un paquete de nuevas “reglas” que se traducen en pagos adicionales que en algunas de las guarderías rebasan los ingresos y las pasaron de un negocio modesto a un pésimo negocio.

Citemos algunas de estas nuevas dificultades financieras que tienen a los responsables de las instancias organizándose para manifestarse públicamente en las oficinas del gobernador Quirino Ordaz Coppel, para informarle sobre el problema.

Cada año, las estancias infantiles pagan seis mil pesos por el sello favorable del plan interno de protección civil; gobierno estatal les da una lista de consultores, para el servicio.

El problema es que, por sus pistolas o por transa bajo la mesa con el gobierno, los consultores se organizaron en una asociación y decidieron cobrar 2 mil 100 pesos por esta validación que antes era gratuita; en enero pasado les llegó un comunicado por parte de Protección Civil, avisando del nuevo cobro.

Este sello aprobatorio implica la presentación del Plan Interno de Protección Civil de cada instancia infantil, con acreditaciones de exámenes médicos aprobatorios para todo el personal; un dictamen sobre las condiciones eléctricas; otro respecto de las instalaciones de gas, y una certificación anual de fumigación integral contra plagas y roedores, con la validación de servicios de limpieza mínimo cada dos meses.

El DIF hace sus propias revisiones, cada 45 o 60 días, verificando que se cuente con personal certificado en el manejo de alimentos, norma EC0335, así como en el cuidado de niños y niñas en estancias infantiles, norma EC0435.

Certificaciones externas que con un costo de entre 2 mil 500 y tres mil pesos, que obviamente corren a cargo de los “empresarios sociales”.

También desde este 2018, las guarderías afiliadas a SEDESOL están obligadas a dar el servicio de primero de kínder, para lo que se tiene que tener personal con certificación en educación inicial avalado por SEP, DIF y la Secretaría de Desarrollo Social.

Agreguemos a lo anterior los pagos por renta de local, consumos de electricidad y agua, así como de percepciones salariales a los empleados, y el subsidio que por la fuerza se tiene que dar a niños de nuevo ingreso, toda vez que SEDESOL dejó de cumplir con su compromiso de pagar esas becas.

Sí lo hace en muy pocos casos esta dependencia federal, pero son mayoría los nuevos ingresados que terminan siendo subsidiados directamente por los prestadores del servicio.

Nos falta espacio para comentar otras afectaciones y referir los detalles, que se resumen en que los responsables de las estancias infantiles afiliadas a la repetida secretaría gubernamental ya no sienten lo duro sino lo tupido para poder operar un servicio con la calidad obligada, con empleados certificados, instalaciones cien por ciento seguras, medidas de seguridad, servicios de alimentos y de entretenimiento para los niños.

Ya comentaremos en un próximo Altoparlante.

Platicaremos con algunos de los afectados, ya casi listos ellos para manifestarse públicamente.