El espejismo de las encuestas

(Tercera y última parte)

A sólo cinco semanas de las elecciones, las campañas de los candidatos a la Presidencia de la República entrarán en su fase de mayor intensidad. Los cuartos de guerra de los candidatos afinan sus respectivas estrategias. Uno para no perder la ventaja en las encuestas y otros para acortar la distancia, pero sobre todo para enfocar sus baterías hacia el día más importante del proceso electoral y que lo definirá todo, el 1 de julio, el día de la elección.

Lo hemos dicho aquí, cuando los candidatos y los partidos que los postulan, no cuentan con estructuras territoriales eficaces, el hecho de estar en el primer lugar de las encuestas, sin importar el tamaño o porcentaje de la ventaja en dichos estudios de preferencias electorales, no determina absolutamente nada.

Se ha generado una falsa percepción de que el candidato puntero en las encuestas para la Presidencia de la República “ya ganó”, porque tiene 15 o 20 puntos de ventaja en las mediciones de intención de voto, incluso algunos de sus voceros han llegado al extremo de referirse a dicho candidato como “Virtual Presidente”.

Lo que ubica en su exacta dimensión al candidato en mención es que las encuestas a lo mucho le alcanzan para colocarse como “virtual triunfador”, pero en tanto no se realice la elección constitucional, sólo puede aspirar a alcanzar esa dimensión, “virtual”, lo que, por cierto, dista mucho de lo real.

Virtual es todo aquello que sólo aparenta ser tal o cual cosa; lo virtual “existe” solo de manera aparente, por lo tanto, no es real.

Si con las encuestas bastara para definir quién gana una elección, pues no tendríamos necesidad de acudir a las urnas. Sería como decir que hasta con una rifa podría designarse al ganador y nos ahorraríamos los 28 mil millones de pesos que está costando el actual proceso electoral federal, sin contar el presupuesto de las elecciones locales.

Como se sabe, los mexicanos tenemos claramente definido el mecanismo legal para elegir a nuestros gobernantes. Como en todo sistema democrático, los ciudadanos tomamos esa decisión en las casillas electorales de manera personal y el instrumento para hacer efectiva esa decisión se llama voto, no encuesta.

Por lo tanto, decir que un candidato ya tiene asegurada la Presidencia de la República porque sigue encabezando las encuestas, es caer en el autoengaño, sobre todo porque hoy se sabe que los resultados de las encuestas están poderosamente influenciados por las redes sociales, que a su vez están siendo manipuladas por “bots” (sistemas informáticos) que simulan conductas humanas, pero que afortunadamente no votan.

Para ganar la elección, la prioridad de los candidatos debe ser lograr el convencimiento “cara a cara” de los ciudadanos y dejar de perder el tiempo en encuestas y campañas negras a través de las redes sociales.

Los votos están en la calle, con la gente de carne y hueso, no en las plataformas digitales.

La burbuja de las encuestas está a punto de estallar… A ver si luego no salen con el cuento de que “A Chuchita la bolsearon”.

GRAFITI

Tenga mucho cuidado con las bromas al 911… Ya están en vigor las sanciones por mal uso de los números de emergencias. La reciente reforma al Código Penal de Sinaloa incluye la aplicación de multas y penas de hasta 4 años de cárcel a quienes hagan llamadas para reportar “falsas alarmas” a corporaciones de Seguridad Pública, Cruz Roja, Bomberos, entre otras.

La iniciativa que en su momento presentó la diputada local Emma Karina Millán, fue aprobada el pasado 9 de mayo por el Congreso del Estado y se refiere al delito denominado “Uso indebido de Servicios de Emergencia”.

Dicha reforma contempla multas hasta por 34 mil pesos para aquellas personas que distraigan dolosamente a patrullas, ambulancias y otro tipo de unidades oficiales con reportes falsos de accidentes, incendios o hechos violentos.

Cabe mencionar que cuando las llamadas o mensajes falsos sean realizados por menores de 18 años, se aplicarán las sanciones que establecen la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Están advertidos.