Delincuentes
Presentaremos en cuanto terminemos de redactar el documento, una demanda formal en contra de la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, y de los cuarenta diputados integrantes del Congreso de Sinaloa, con pruebas documentales de que violentaron la ley y deben por ello ser sancionados.
Las ilegalidades son públicas, pero les vale.
Por eso nuestra decisión de presentar la demanda, con la intención puntual de advertir omisiones y complicidades indebidas que se traducen en impunidades.
El quince de enero pasado, informamos en esta columna los resultados de dos auditorías realizadas a Vialidad y Transportes y Recaudación de Rentas del Gobierno de Sinaloa, con más de novecientas cincuenta irregularidades detectadas.
La propia titular de la ASE confirmó un día después nuestra información exclusiva, y aseguró luego que entre otras irregularidades se dieron placas a vehículos robados; que se recibieron facturas y documentos personales apócrifos, entre muchas ilegalidades más.
Se incurrió incluso en la comisión de delitos de delincuencia organizada, comprobados de acuerdo con los dichos de la propia Auditoría Superior del Estado.
La ASE tardó buen rato en entregar los resultados de esas auditorías al Congreso de Sinaloa.
Pero al modo, aún balconeados públicamente por nuestra publicación, nadie desde la ASE ni desde la cámara de diputados local procedió a presentar la debida denuncia ante ministerio público.
El Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 222, y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, artículos 15 y 31, establecen con claridad el deber de la denuncia ante el MP como una obligación por parte de servidores públicos que conozcan de hechos presumiblemente constitutivos de delito.
Pero como ya señalamos, estos servidores públicos que cobran muy buen dinero dizque por respetar y hacer respetar nuestras leyes terminan pasándoselas por el arco del triunfo.
Se privilegian las complicidades, porque antes que nada les importan más las negociaciones y los chantajes políticos, muchas veces tapándose con la misma cobija.
Acudiremos por ello ante la Contraloría Interna del poder legislativo estatal, con copia para el órgano de control interno de la Auditoría Superior del Estado, a presentar nuestra demanda que en esta primera instancia debe ser por la vía administrativa.
Si las complicidades siguen y terminan encontrando pretextos para nuevas complicidades, iríamos entonces con una denuncia de tipo penal ante PGR o la Fiscalía estatal, en contra de los ya señalados y de quienes resulten responsables por las ilegalidades anteriores y las nuevas.
Algunos amigos me recomendaron que mejor ni pierda el tiempo; que la legalidad y la justicia son letra muerta cuando a quienes tienen el poder les conviene.
Coincidiré con lo anterior, pero no pierdo del todo la esperanza de que, exhibidos en la ilegalidad, se castiguen las irresponsabilidades y complicidades.
Reconoceremos si se cumple, o condenaremos si se sigue evadiendo la ley.
Quien esto escribe es periodista, no abogado, y por supuesto que se nos pueden escapar muchas de las cosas que tienen que ver con los procedimientos legales.
Pero por lucha no quedará.
Las ilegalidades que referimos son públicas, y muy graves.
No debemos permitir que nuestro gobierno cometa delitos para solapar otros.
Pondremos pues nuestro granito de arena en una lucha que a otros puede parecerles destinada al fracaso, pero que en nuestra humilde opinión es necesario y hasta obligado emprender.
El dilema es muy claro: los servidores públicos tienen obligaciones y responsabilidades, y las deben de cumplir.
Si no quieren hacerlo, por miedo o por comodidad, que se vayan entonces a sus casas y dejen de cobrar esos jugosos salarios que el pueblo les paga.